La Asociación Salud y Familia analiza el impacto generacional de la maternidad en la adolescencia

La Asociación Salud y Familia (miembro de UNAF) ha redactado el informe “Maternidad en la adolescencia y su impacto generacional – Consecuencias de las restricciones legales del aborto” con el objetivo de poner a disposición de la sociedad información contrastada y actualizada sobre el impacto de las restricciones a la capacidad de las adolescentes para decidir sobre el aborto voluntario en un conjunto de causas y efectos sanitarios y sociales intergeneracionales.

El informe surge a partir de la presentación de la proposición de Ley Orgánica para reforzar la protección de las menores y mujeres con capacidad modificada judicialmente en la interrupción voluntaria del embarazo, por el grupo Parlamentario Popular, que pretende anular el apartado cuarto del artículo 13 de la vigente Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

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Actualmente esta Ley contempla que, en el caso de las mujeres de 16 y 17 años, el consentimiento para la interrupción del embarazo les corresponde exclusivamente a ellas, de acuerdo con el régimen general aplicable a las mujeres mayores de edad y, a la vez, prevé que los padres o tutores deban ser informados de la decisión de la menor, excepto cuando la menor alegue de manera fundada que esto le provocará un conflicto grave de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos o se produzca una situación de desarraigo o desamparo. 

Basándose en la evidencia científica disponible, el informe analiza el impacto que dicha reforma legislativa tendría en la salud de las adolescentes, en la salud fetal, neonatal e infantil de sus hijos/as, en la pobreza infantil y familiar y en los colectivos más vulnerables de adolescentes y familias. Asimismo, se analizan las consecuencias de la reforma en los derechos de las niñas y niños y de las adolescentes y en la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

Y es que, según las autoras, imponer a las adolescentes el requisito del consentimiento parental obligatorio exclusivamente para acceder a una interrupción voluntaria del embarazo y no en caso de proseguir el embarazo socava el bien común a proteger que no es otro que la maternidad responsable y su impacto atravesará generaciones, afectando especialmente a las adolescentes más vulnerables y en mayor desventaja social, a sus hijas/os y a sus familias.

A continuación hemos extraído las conclusiones del informe.

Conclusiones del informe

En la sociedad española, el inicio de las relaciones sexuales a edades cada vez más tempranas expone a las/os adolescentes a una mayor necesidad de regulación de la fecundidad. Asimismo, el abandono de las pautas fatalistas de fecundidad expone a mujeres y hombres a una creciente necesidad de acceso a métodos contraceptivos seguros, eficaces y modernos y, en ocasiones, a tener que afrontar embarazos no deseados en el curso de su vida fértil. La respuesta a estas necesidades expansivas de salud reproductiva debería ser integradora, evolutiva y equitativa de tal modo que se consiguiera:

Proporcionar una atención de salud reproductiva y aborto amplia e interconectada removiendo las barreras de todo tipo que impiden acceder a tiempo a los servicios sanitarios.

– Desarrollar y/o mantener leyes y regulaciones en materia de aborto y salud reproductiva actualizadas que respondan y garanticen la satisfacción de las necesidades de salud y se adecuen a la evolución de los hábitos sexuales y reproductivos de la sociedad española.

– Dar prioridad a las necesidades específicas de los grupos de adolescentes, de mujeres y de familias más vulnerables y, por tanto, más perjudicadas por una eventual privación de derechos y atención.

La proposición de Ley Orgánica para reforzar la protección de las menores y mujeres con capacidad modificada judicialmente en la interrupción voluntaria del embarazo da la espalda a estas orientaciones y desoye las recomendaciones explícitas del Grupo de Expertas/os de Naciones Unidas contra la Discriminación de las Mujeres que inciden sobre la capacidad de las menores de 16-17 años para decidir por ellas mismas respecto a la interrupción voluntaria del embarazo.

La obstaculización o el rechazo de acceso a procedimientos médicos que solo las mujeres requieren, como es el caso del aborto, constituye una discriminación de género y una vulneración del derecho a obtener una atención de salud segura y digna. El derecho de las mujeres a una igualdad efectiva respecto a los varones exige que estas no se encuentren expuestas a déficits y/o riesgos diferenciales que sean evitables.

El menoscabo de la capacidad de decisión de las adolescentes sobre su vida reproductiva daña de forma muy severa el derecho a modelar sus propias vidas, pues las inhabilita en gran medida para perseguir oportunidades y metas personales, educativas y sociales valiosas.

El cumplimiento de los derechos fundamentales de las/os niñas/os y las/os adolescentes a la vida y al desarrollo pleno de sus potencialidades se debilita con las restricciones a la capacidad de decisión de las adolescentes sobre el aborto voluntario. La ocurrencia de nacimientos no deseados aumenta el riesgo de caer y permanecer en la pobreza entre las madres adolescentes y sus familias, intensifica la desprotección de los menores ya nacidos frente a la pobreza y cronifica los retrasos en el desarrollo infantil temprano de las/os niñas/os que son fruto de una maternidad impuesta.

Las adolescentes vulnerables que se desenvuelven en entornos de oportunidades limitadas marcados por la desigualdad sufrirán daños irreparables al no poder contar con apoyo familiar por motivos de desarraigo, abuso o maltrato. Estas adolescentes, que desde una perspectiva equitativa de promoción de la salud reproductiva precisarían de una protección redoblada, se verán empujadas hacía abortos inseguros o maternidades impuestas.

En el contexto social y sanitario actual en España, el menoscabo de la capacidad de las adolescentes para decidir por sí mismas respecto a la interrupción voluntaria del embarazo es disonante con las necesidades de salud de las adolescentes y las familias, y se suma a la paralización que sufren las políticas públicas de salud reproductiva y a la nula protección social de la maternidad.

Por todo ello, la proposición de Ley Orgánica para reforzar la protección de las menores y mujeres con capacidad modificada judicialmente en la interrupción voluntaria del embarazo exacerbará la privación y el desamparo en que viven las/os adolescentes, las/os niñas/os y las familias vulnerables y en riesgo de exclusión social produciendo daños perdurables que se traspasaran a la próxima generación.

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