Las dificultades para acceder a los métodos anticonceptivos ponen en riesgo los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres

Aprovechando la celebración del #28S Día Internacional de los Derechos Sexuales y Reproductivos queremos visibilizar una realidad que venimos detectando desde hace años en nuestro trabajo de educación sexual con enfoque intercultural con personas migrantes y profesionales que les atienden y que varios estudios recientes también están evidenciando con datos y estadísticas.

Se trata de denunciar las dificultades y la desigualdad que siguen existiendo en España para el acceso a métodos anticonceptivos. Es un problema que no es nuevo, que viene de lejos, pero que sigue sin resolverse, con las graves consecuencias que tiene para la salud y para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y que tiene aún mayor incidencia entre las mujeres migrantes, por su mayor grado de vulnerabilidad legal, social y económica.

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Y es que en el ejercicio de los derechos reproductivos influyen muchas variables pero el acceso a los métodos anticonceptivos es fundamental, ya que son la llave para poder disfrutar de relaciones sexuales libres de riesgo y para ejercer el derecho a decidir la planificación de la reproducción (cuándo y cuánto).

En este post destacamos las principales desigualdades y dificultades que estamos detectando.

Desigualdad de género

En todo el mundo existe una clara desigualdad de género en lo relativo al planteamiento de la anticoncepción. Porque métodos anticonceptivos hay muchos pero, a excepción del preservativo, todos recaen sobre las mujeres.

Esto incide en que la sociedad en su conjunto está poniendo a las mujeres en solitario la responsabilidad de la anticoncepción, lo que repercute directamente en su bienestar e incluso en la posibilidad real de su uso, ya que muchas veces supone una gran presión negociar con la pareja el uso del preservativo, etc.

Desigualdad en la financiación

A esta desigualdad en la responsabilidad hay que sumarle el coste económico que supone hoy en día la anticoncepción y que, en la práctica, no todas las mujeres pueden asumir.Esto supone una desigualdad en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos que está poniendo en verdadero peligro la salud y el futuro de muchas mujeres. Y, como hemos comentados antes, aún más a las mujeres migrantes que en general tienen una situación económica más vulnerable.

En la Cartera de Servicios del Sistema Nacional de Salud se establece la necesidad de que todos los métodos anticonceptivos sean accesibles a toda la población pero esta afirmación no se corresponde con la realidad, ya que sólo están financiados una parte de los anticonceptivos orales (la píldora) y los implantes de manera parcial. Anticonceptivos como el DIU, el anillo vaginal, la anticoncepción de emergencia quedan fuera, reduciendo su acceso u obligando a asumir el gasto, con la consecuente inequidad.

Fuente: Informe "El acceso de las mujeres a la anticoncepción en las comunidades autónomas”, publicado por la Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE)

Fuente: Informe “El acceso de las mujeres a la anticoncepción en las comunidades autónomas”, publicado por la Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE)

Así, si de verdad se quiere garantizar los derechos reproductivos en la práctica, sería necesario que el sistema público financiara la máxima cantidad y variedad de métodos anticonceptivos, para facilitar su acceso así como la posibilidad de elección de aquel que sea el más adecuado a cada caso.

Y en esa línea, tampoco debería ser un tema que dependa tanto de las diferentes comunidades autónomas, sino que deberían de establecerse protocolos de actuación comunes con sus respectivas líneas de financiación.

Falta de información completa, actualizada y culturalmente adaptada

Asimismo, vemos que sigue existiendo un problema de falta de información sobre los métodos anticonceptivos y su correcto uso; además de que aún persisten una serie de creencias falsas y mitos asociados que también generan problemas y limitan las posibilidades.

En lo tocante a las mujeres migrantes, a esa falta de información actualizada y completa se le suma que la mayoría de los materiales y las campañas no están adaptadas culturalmente para que sean realmente efectivas.

En nuestro apartado de “Recursos” facilitamos materiales sobre salud sexual interculturales y en varios idiomas, que se pueden descargar y compartir.

Desigualdad en la atención y en la oferta de opciones: consejo profesional

anticonceptivos_parchePor último, para asegurar que la información llegue correctamente y de la manera adecuada, es necesario asegurar también que las y los profesionales del sistema de salud pública tengan la formación necesaria en salud sexual y reproductiva, con enfoque de derechos, de género e intercultural.

La falta de esta formación y a veces de sensibilización sobre su importancia hace que se reduzca a una mera acción de receta en vez de ofrecer un consejo profesional fundamentado y adaptado que garantice la elección adecuada del método anticonceptivo para cada mujer en cada caso.

Por eso una de las líneas que trabajamos desde UNAF es la oferta de cursos para profesionales destinados a ampliar su conocimiento sobre las claves culturales y necesidades de información de la población migrante, uno de los colectivos más vulnerables, con el apoyo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Esta información también está disponible en la Guía para profesionales. “Claves para aproximarse a la sexualidad de las personas migrantes”.

Desarrollo de la Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos

Con esta denuncia en definitiva queremos recordar a los poderes públicos que la anticoncepción es un derecho fundamental, reconocido tanto por la legislación internacional como nacional, y reclamar que falta un mayor desarrollo de la Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos para que sea aplicada de manera efectiva y para que se garantice el principio de igualdad para todas las personas, independientemente del territorio en el que vivan.

Esto también redundaría en una mejor gestión en salud pública, ya que una mayor inversión en métodos anticonceptivos supondría mejorar la prevención no solo de embarazos no planificados sino de infecciones de transmisión genital.

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