Día Internacional de los Derechos Sexuales y Reproductivos
– La obligatoriedad del consentimiento parental para las adolescentes de 16 y 17 años es una medida que vulnera los derechos sexuales y reproductivos y que además resulta ineficaz.
Con motivo del Día Internacional de los Derechos Sexuales y Reproductivos, la Unión de Asociaciones Familiares (UNAF) critica la reciente reforma de la ley del aborto, que impide a las adolescentes de 16 y 17 años la interrupción voluntaria del embarazo sin el consentimiento paterno o de sus tutores, y reivindica el derecho de estas jóvenes a decidir sobre su maternidad.
UNAF considera que esta reforma ignora por completo la situación en que se producen las interrupciones voluntarias de embarazos en nuestro país, ya que casi el 90% de las menores que abortaron, desde la entrada en vigor de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, lo hicieron acompañadas por sus progenitores o tutores, mientras que solo el 12% (entre 400 y 500 menores) no pudieron hacerlo, según datos de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI).
Una reforma, por tanto, innecesaria y que perjudica gravemente a las adolescentes más vulnerables. «Generalmente las adolescentes comunican a sus progenitores el embarazo; cuando no lo hacen es porque no pueden, bien porque provienen de familias desestructuradas en las que no pueden encontrar el apoyo familiar o viven situaciones de marginalidad, violencia, abuso o violaciones. Por eso, obligarlas a un consentimiento parental es restringir su derecho al aborto y ponerlas en una situación de alto riesgo», señala Ascensión Iglesias, Presidenta de UNAF.
Además, resulta una medida ineficaz. Según el informe Maternidad en la adolescencia y su impacto generacional. Consecuencias de las restricciones legales del aborto, elaborado por la Asociación Salud y Familia, “los procedimientos legales de consentimiento o asentimiento parental no han probado su validez como instrumentos efectivos de protección de la menor porque justamente fracasan o son inviables en situaciones donde existe abuso y violencia familiar”.
Al no poder acceder a los servicios de interrupción voluntaria del embarazo, estas adolescentes solo tienen dos opciones: proseguir con una maternidad impuesta o someterse a un aborto tardío e inseguro, con las graves consecuencias que ello tiene para su salud e incluso con un grave riesgo para sus vidas.
Según el informe, «la reforma de la ley desoye las recomendaciones explícitas del Grupo de Expertos de Naciones Unidas contra la Discriminación de las Mujeres, que inciden sobre la capacidad de las menores de 16 y 17 años para decidir por ellas mismas sobre la interrupción voluntaria del embarazo».
En esta línea, UNAF defiende que «la maternidad es una decisión de gran impacto y que afecta de forma crucial a la vida de las mujeres, por lo que solo ellas deben tomarla. También las adolescentes de 16 y 17 años tienen capacidad para hacerlo. Resulta paradójico que estas sean consideradas maduras solamente para proseguir con un embarazo y convertirse en madres, con la enorme responsabilidad que eso comporta, y no para decidir voluntariamente la interrupción del mismo».
Para más información: Informe Impacto de una reforma legal restrictiva del aborto en España sobre la salud pública y los derechos básicos de la Asociación Salud y Familia
