La Unión de Asociaciones Familiares (UNAF) ha celebrado la retirada de la reforma de la ley del aborto el pasado 23 de septiembre, lo que considera un logro de la sociedad civil que ha manifestado su rechazo claro y contundente a cualquier cuestionamiento o intento de retroceso del derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad.
Sin embargo, UNAF considera que otros peligros continúan acechando este derecho tras anunciar recientemente el Gobierno su intención de elevar de los 16 a los 18 años la edad para decidir sobre una posible interrupción voluntaria del embarazo sin el consentimiento de los progenitores.
“Las adolescentes de 16 y 17 años deben tener autonomía para decidir sobre una cuestión que va a afectar de forma crucial a sus vidas. Esta decisión no puede recaer en padres y madres, ni para seguir adelante con el embarazo ni para interrumpirlo, porque no es su cuerpo ni su vida la que en primer término se va a ver alterada. Otro asunto diferente es la debida información a los progenitores salvo en aquellos casos que supogan una desprotección o conflicto grave para la menor, tal como ya contempla la actual ley”, señala Teresa Blat, Presidenta de UNAF.
En este sentido, advierte de las consecuencias negativas de una maternidad impuesta, que tal como explica el informe Impacto de una reforma legal restrictiva del aborto en España sobre la salud pública y los derechos básicos de la Asociación Salud y Familia, miembro de UNAF, “reduce las oportunidades de vida de todas las mujeres afectadas”, especialmente de adolescentes, jóvenes y mujeres con bajos ingresos que “verán significativamente disminuidas sus posibilidades de cualificación profesional, inserción laboral y planificación familiar”.
UNAF argumenta, además, que esta restricción no es acorde al resto de nuestro ordenamiento jurídico. Así, por ejemplo, las adolescentes pueden decidir contraer matrimonio desde los 16 años o mantener relaciones sexuales consideradas consentidas desde los 13. También la autonomía de las y los pacientes para decidir en el ámbito de la salud se sitúa en los 16 años. “Solo en el caso del aborto se introduce la cuestión de la mayoría de edad y hay que preguntarse por qué”.
UNAF apunta que lo que está detrás de esta propuesta no es una cuestión de edad sino de discriminación hacia las mujeres, que siguen ocupando un lugar subordinado en nuestra sociedad. “La idea que subyace a estas restricciones sigue siendo la misma: la falta de capacidad de las mujeres para decidir, ya que son vistas como un instrumento al servicio de la maternidad y, al mismo tiempo, como sujetos que necesitan ser tutelados”.
