- El Anteproyecto de ley de custodia compartida propuesto por el Gobierno es un ataque directo a la ley del divorcio y atenta contra el interés superior de hijos e hijas
- La custodia compartida debe alcanzarse siempre de acuerdo mutuo ya que requiere de una alta concienciación de los progenitores sobre su corresponsabilidad parental así como de unas condiciones materiales suficientes
- De los 28 países de la Unión Europea, solo 7 contemplan la custodia compartida y ninguno de ellos la impone judicialmente
El Anteproyecto de ley de custodia compartida impulsada por el Gobierno plantea la imposición de la custodia compartida por decisión judicial, suprimiendo los mecanismos de acuerdo, de garantía y de consulta que hasta ahora quedaban recogidos en la legislación actual para que esta pudiera ser efectiva.
“La custodia compartida no puede ser en ningún caso una imposición de un juez o una jueza porque si los progenitores no son capaces de ponerse de acuerdo ni siquiera en el propio hecho de compartir la custodia, difícilmente van a poder llevarla a cabo, generándose una conflictividad permanente entre los progenitores que va a tener como principales víctimas a los y las menores”, señala Ana María Pérez del Campo, Secretaria General de la Unión de Asociaciones Familiares (UNAF).
De los 28 países de la Unión Europea, solo 7 contemplan en sus legislaciones la custodia compartida y ninguno de ellos la impone judicialmente. “Países como Francia, entre otros, han descubierto los perjuicios que la “custodia repartida” ocasiona a los hijos e hijas, porque cuando una pareja se divorcia o una convivencia termina, en realidad la custodia no se comparte, se reparte. Y si los progenitores han sido incapaces de entenderse, si carecen de criterios equivalentes, lo que van a ofrecer son pautas contradictorias y así es imposible educar ni asegurar el bienestar de los y las menores”.
Además, UNAF considera que la reforma es innecesaria, ya que la ley del divorcio ya prevé la custodia compartida y esta se está aplicando sin problemas, bajo las condiciones de primar el interés superior de hijos e hijas, de que el acuerdo sea mutuo, libre y voluntario, y que cuente con todas las garantías de la ley dispuestas en interés de los y las menores.
Por ello, Ana María Pérez del Campo cree que el anteproyecto “es un ataque directo a la ley del divorcio” y que además se ampara en un falso debate sobre la igualdad que no se corresponde con la realidad. “La ley actual ya prevé la custodia compartida. Pero hay que decir que solo un 7% de los varones solicita la custodia en convenios de mutuo acuerdo y solo un 23% en procesos contenciosos, tal como se demostró en el XVII Congreso Estatal de Abogadas de Valladolid. Por lo tanto, lo que se necesita es que los hombres tomen conciencia y asuman con responsabilidad su paternidad y el cuidado de sus hijos e hijas en lugar de imponer una custodia compartida a padres que no la quieren”.
Además, la imposición de una custodia compartida por un juez o una jueza pone en riesgo a los y las menores ante el maltrato, haya sido este condenado o no judicialmente. “Lo más grave es que la norma propuesta no protege a los hijos y las hijas en este caso y abre la vía para que el maltratador utilice la custodia compartida como instrumento para continuar haciendo daño”.
Por otro lado, genera problemas a los progenitores si no se dan las condiciones económicas necesarias para sostener dos viviendas, o cuando los horarios y las condiciones de trabajo no permiten la conciliación de su vida familiar y laboral. “Por todo ello, es necesario el acuerdo mutuo y primar el interés superior de los y las menores, y en esto la ley del divorcio ya era previsora, protectora y un verdadero garante de sus derechos y su bienestar”, concluye Ana María Pérez del Campo.
