La pandemia ha puesto al descubierto las deficiencias de un sistema que rompe el equilibrio entre la vida familiar, laboral y personal.
Madrid, 27 octubre 2020 -. La Unión de Asociaciones Familiares (UNAF) urge a construir un nuevo marco político, económico y social que garantice la corresponsabilidad de hombres y mujeres, empresas, instituciones y Administraciones Públicas en los cuidados, como única forma de garantizar los derechos y bienestar de todas las personas y lograr una sociedad sostenible.
La entidad denuncia que la pandemia ha puesto al descubierto las enormes contradicciones y deficiencias de un sistema que rompe el equilibrio entre vida familiar, laboral y personal y “donde los cuidados, imprescindibles para la vida y para nuestro desarrollo como personas y como sociedad, quedan relegados a un segundo plano, recayendo en las familias y en el trabajo gratuito de las mujeres”, señala Ascensión Iglesias, presidenta de UNAF.
Ante ello, sostiene que “la pandemia puede y debe ser un punto de inflexión para plantearnos cómo situar a las personas en el centro de la vida, en ejercicio pleno de sus derechos, cómo lograr la corresponsabilidad en el cuidado y, en definitiva, para repensar la sociedad que queremos”. Con este objetivo UNAF invitó a algunas de sus entidades asociadas a reflexionar en el webinar ‘Conciliación y cuidados’ sobre los aspectos clave a tener en cuenta.
Especial impacto sobre las mujeres
Los efectos económicos y sociales derivados de esta crisis están afectando de manera especial a las mujeres, ya que ellas partían de una situación de mayor precariedad laboral, agravada ahora con despidos, reducciones de jornada, bajas voluntarias y abandono de procesos de búsqueda de empleo ante la incertidumbre generada.
Yolanda Besteiro, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas (FMP), alerta de las consecuencias en la salud psicosocial de las mujeres, con un aumento significativo de cuadros depresivos, soledad, tecno-estrés, adaptaciones de jornada con horarios impredecibles, falta de desconexión, y superposición de tareas de trabajo y cuidado en el mismo tiempo y espacio. “Es urgente visibilizar todas las dificultades a las que nos estamos enfrentando y que continúan siendo invisibles. Si la necesidad de adoptar medidas de conciliación y corresponsabilidad antes eran importantes, ya no pueden esperar más”.
En este sentido, Yolanda Besteiro recuerda que el mayor escollo para las mujeres es el cuidado no remunerado, que consume un tiempo incompatible con la generación de rentas económicas y supone un grave coste económico y social para las mujeres. “La provisión del cuidado se hace a costa de la salud y de la independencia económica de las mujeres”.
Por ello, reclama inversión pública en el sistema de protección y de cuidado, salarios dignos y medidas que luchen de forma efectiva contra la brecha salarial, sistemas fiscales más justos y equitativos que contemplen la perspectiva de género, planes específicos de empleo para mujeres, medidas de conciliación que promuevan la corresponsabilidad (horarios flexibles, bolsas de horas, trabajo por objetivos…) y apoyo psicosocial a las mujeres.
La consecuencia de la falta de conciliación y corresponsabilidad es que cada vez tenemos menos hijos e hijas y que hay más fallecimientos que nacimientos. “Mientras no nos demos cuenta de la importancia de la corresponsabilidad, de la necesidad de que sea un eje trasversal del Estado de bienestar, estaremos en un callejón sin salida”, sentencia Besteiro.
Nuestras personas mayores, las grandes olvidadas
La falta de atención sanitaria a personas mayores ha sido una de las grandes tragedias de esta pandemia. Mariqueta Vázquez, presidenta de la Asociación de Mujeres por un Envejecimiento Saludable (AMES), denuncia “el asesinato de tantas personas mayores que han muerto solas, encerradas, muchas de ellas demenciadas, sin posibilidad de contacto con sus familias, y a las que no se les ha prestado la atención médica a la que tenían derecho”.
En cuanto a los cuidados, defiende la necesidad de hacer efectiva la Ley de Autonomía Personal dotándola del presupuesto necesario, ya que sin ella “ese derecho a los cuidados lo tenemos aletargado”. Y reclama un sistema de cuidados de calidad alternativo a las residencias.
“El 90% de las personas mayores no quiere vivir en una residencia, todos queremos vivir en nuestra casa, en nuestro barrio, en nuestro pueblo, donde hemos vivido siempre. Tenemos que avanzar en el dónde, cómo y con quién queremos vivir”. Para ello demanda unos servicios de proximidad de calidad, como servicios de asistencia domiciliaria, tele-localización o comida a domicilio.
Otras fórmulas alternativas a las residencias son el co-housing o viviendas con servicios compartidos, y las cooperativas de viviendas. “No queremos vivir en guetos. Además, estas otras opciones harían más fácil la vida a las siguientes generaciones, ya que si nosotras somos autónomas el mayor tiempo posible, la carga de los cuidados disminuye”, asegura Mariqueta Vázquez.
Cabe destacar que las mujeres mayores tienen más necesidad de cuidado, ya que 8 de cada 10 personas mayores de 65 años son mujeres. “Las mujeres mayores vivimos más solas. Y en esta pandemia, la soledad, la falta de contacto social está haciendo mella”.
Por ello, Mariqueta Vázquez, recuerda la importancia de romper la brecha digital, ya que ahora no pueden acudir a los centros de mayores, que era su único medio de socialización. “La tecnología es lo que está permitiendo a muchas personas mayores sobrevivir en esta pandemia”.
Familias con más necesidades de apoyo
Otro de los colectivos más afectados por la pandemia han sido las personas con autismo y sus familias. “El autismo es la alteración del neurodesarrollo que más impacto tiene en el bienestar emocional de las familias, con un coste elevadísimo de los cuidados, por ser más intensos y extensos en el tiempo, y más impacto en las madres, por ser las principales cuidadoras”, explica Helena Gandía, psicóloga de la Federación Española de Autismo (FESPAU).
La crisis del coronavirus ha afectado a las personas con autismo de múltiples formas. Tienen más dificultades de acceso a los servicios sanitarios, y cuando se contagian de coronavirus, tienen una mayor probabilidad de efectos adversos. Además, con el cierre de muchos servicios sociales (como centros de día) y centros educativos, se ha producido un parón en todos sus aprendizajes, en todas las posibilidades de desarrollo personal, y en las relaciones sociales, que no pueden suplir con interacciones online.
“Las personas con TEA necesitan rutina, ya que tienen dificultad para regular sus actividades. El cierre de servicios ha supuesto una pérdida de refuerzos, y con ello, la aparición de desajustes conductuales y emocionales que han impactado en el bienestar de las familias”, advierte Helena Gandía.
Estas familias han tenido que hacer frente a las dificultades generales y a las propias de la crianza de una persona con autismo, como la regulación de la actividad 24 horas, regulación emocional, descontrol emocional conductual, dificultades de autonomía, alimentación, sueño… Además, sus apoyos se han reducido de forma drástica: no han contado con centros de día, de empleo, centros educativos o a sus actividades de ocio, que son muy importantes para las personas con TEA. Y se han reducido las interacciones sociales, que actúan como apoyo emocional.
Por todo ello, Helena Gandía solicita medidas de conciliación con una visión global, que tenga en cuenta todas las relaciones complejas (hermanos, abuelos), el impacto económico del cuidado de una persona con autismo, quién está dando los apoyos formales e informales, el acceso a recursos y apoyos. “Esto requiere políticas a todos los niveles, que se materialicen en acciones adaptadas a las necesidades concretas de las familias”.
Cuando el cuidado recae en una sola persona
Si la conciliación en el confinamiento ha sido un reto difícil de afrontar para las familias, en el caso de las monoparentales se ha convertido en una auténtica pesadilla y ha evidenciado más que nunca la falta de corresponsabilidad de las Administraciones Públicas.
“Pedimos que en la agenda política se tome en serio que la conciliación es cosa de todos pero es la Administración Pública la que tiene que dar una respuesta eficaz para que no volvamos a sufrir lo que hemos sufrido durante el estado de alarma”, reclama Carmen Flores, presidenta de la Federación de Asociaciones de Madres Solteras (FAMS).
En España hay 1.887.500 hogares monoparentales, lo que representa el 10,7% del total de familias. El 81% de ellas son “monomarentales”, es decir, están encabezados por mujeres, que se enfrentan a múltiples discriminaciones, como brechas salariales, dificultades para acceder al empleo estable, precariedad laboral y dificultades de promoción, además de recursos de conciliación insuficientes y de difícil acceso.
La pandemia ha llevado a las familias monomarentales a situaciones muy críticas y ha dejado a mujeres en situación de máxima vulnerabilidad y extrema pobreza al quedarse sin empleo, sin ingresos, sin la escuela como medio de conciliación, y sin el apoyo de abuelas y abuelos. En el caso de las mujeres migrantes, además no han tenido redes de apoyo a las que acudir para el cuidado.
Según la Encuesta de Condiciones de Vida, publicada en julio 2020, 4 de cada 10 familias monoparentales está en riesgo de pobreza. El 68,8% llega con dificultades a fin de mes y la mitad de las familias no puede afrontar gastos imprevistos. “Vivimos al día, solamente con un salario y muchas veces precarizado, no tenemos colchón para afrontar una crisis de este nivel”.
Por su parte, Save the Children advertía en su informe ‘Infancia y Reconstrucción’ que la pobreza infantil se multiplicaría en 2020 por la crisis económica. Y esta tasa podría aumentar en las monoparentales hasta alcanzar el 47,9%. “Hay que proteger de la pobreza a las familias, especialmente a las monoparentales, con políticas de carácter preventivo contra la pobreza infantil”, reivindica Carmen Flores.
“Nos hemos encontrado con más horas de trabajo y sin ningún tipo de apoyo, sin medios adecuados, con jornadas interminables, atendiendo al mismo tiempo al trabajo y a los menores. Muchas mujeres han tenido que renunciar a un empleo porque tenían que cuidar a sus hijos e hijas, pasando a engrosar las colas del hambre para poder subsistir. Y las ayudas del Estado del estado de alarma se han acabado, no sabemos cómo vamos a sobrevivir”, lamenta la presidenta de FAMS.
Por ello reclama medidas de conciliación que desvinculen el cuidado de las mujeres en exclusiva y políticas que tengan en cuenta la monoparentalidad. Y pone el siguiente ejemplo: “El Real Decreto Ley de Permisos Iguales e Intransferibles se olvidó de nosotras, los niños y niñas de familias monoparentales van a disfrutar de la mitad de tiempo de cuidado”. Y las reducciones de jornada o excedencias que contempla no son medidas adecuadas para ellas por sus trabajos precarios y bajos ingresos.
En su lugar, Carmen Flores demanda políticas que mejoren la empleabilidad de las mujeres que encabezan familias monomarentales, flexibilidad en horarios de trabajo y elección de jornadas, teletrabajo como medida de conciliación, permiso retribuido 100% cuando los hijos e hijas estén en cuarentena, y espacios, servicios públicos y medidas de apoyo en los cuidados (tanto económicas como de ayuda a domicilio). En definitiva, “medidas de corresponsabilidad desde lo público”.
