Madrid, 29/11/2021.- Una investigación sobre la violencia de género durante la pandemia del COVID-19 revela las graves carencias en la atención a la que se enfrentan las mujeres migrantes en España a la hora de recurrir a los servicios de atención existentes en casos de emergencia. La falta de acceso a la información, el miedo a denunciar, la brecha digital y la falta de abordajes multiculturales, que potencian un tratamiento paternalista, cuando no racista, han supuesto graves barreras a las que han tenido que enfrentar las mujeres durante los confinamientos del pasado año.
Estas son las principales conclusiones del informe “La violencia de género contra las mujeres en contextos de emergencia: la respuesta a la crisis del COVID-19 en España”, que ha sido elaborado por la Unión de Asociaciones Familiares (UNAF) y Alianza por la Solidaridad, en colaboración con un equipo de la Universidad de Salamanca. El trabajo se presenta oficialmente, con la participación de algunas de sus protagonistas, el próximo día 30 en un encuentro digital.
La investigación ha tenido como objetivo analizar cómo han funcionado los recursos existentes y las estrategias disponibles en el caso de una emergencia, como la que supusieron los meses de confinamiento estricto (entre marzo-junio de 2020) en España debido a la pandemia global.
Durante este periodo, aumentó la exposición a situaciones de tensión, violencia y abuso en el ámbito del hogar, obligando a las mujeres y niñas a convivir encerradas con sus maltratadores durante un largo periodo de tiempo. Sólo en las primeras dos semanas de confinamiento, las llamadas al 016 aumentaron 12,43% y las consultas online un 269,57% con relación al mismo período del año anterior; siendo las mujeres migrantes las que están más representadas en ambos casos, en proporción al porcentaje de la población que suponen.
Para profundizar en su situación, el informe incluye tanto un trabajo cuantitativo como cualitativo, este último basado en seis grupos focales en diferentes provincias (Madrid, Sevilla y Valencia), cuyas participantes eran mujeres provenientes de países de América Latina, Bangladesh, China, Marruecos y otros países de África. Todas residen en España. También se realizaron 11 entrevistas a profesionales del ámbito de la atención en violencia de género.
El aumento del trabajo en el hogar, la pérdida del empleo, la inestabilidad económica y la presencia continua del maltratador que les impedía buscar ayuda fuera, son los factores causantes del mayor grado de violencia de género en esos meses dentro de sus hogares.
A ello se suma que, pese a que se mantuvieron activos los servicios públicos de atención, la brecha digital les impedía mantener redes de apoyo exterior, incluso buscar ayuda en los servicios sociales en caso de necesitarlo. Tampoco podían acceder a trámites como es el acceso a servicios de empleo, matriculación de menores en colegios, etcétera. La situación era peor en el caso de las migrantes irregulares y aún más dramática en el caso de las recién llegadas, por su desconocimiento del idioma.
Las participantes señalan que el maltrato durante estos meses fue, fundamentalmente, psicológico, dado que los agresores tenían el control total sobre sus mujeres en el domicilio. Una vez que comenzó la desescalada, empezaron a aumentar los feminicidios debido a que cambiaban nuevamente los factores de riesgo.
En general, son mayoría las que encontraron dificultades para acceder a información sobre recursos de atención y aseguran que, en todo caso, prefieren acudir a organizaciones sociales, a ser posible de extranjeras y de su propia cultura, antes que ir a instituciones públicas, que les generan desconfianza. En este sentido, la barrera del idioma y la falta de un enfoque intercultural, son trabas importantes que debieran paliarse con más personal formado como mediadoras interculturales.
Las profesionales, por su parte, señalan que el mayor aumento de demanda de servicios tuvo lugar durante la desescalada, cuando se sintieron como “bomberos apagando fuegos” dado el alto nivel de atenciones que realizaron. Y respecto a los centros de acogida, el informe señala el reto que les supuso atender a las víctimas de violencia en un contexto de COVID-19. En esos meses, además, las comunidades autónomas implantaron el paso previo por hostales antes de ingresar en los centros para evitar contagios.
Cabe señalar que el colectivo de mujeres migrantes no es un grupo homogéneo. Las raíces, la cultura, la forma cómo llegaron a España, las racializadas, etc. Todo eso forma parte de sus trayectorias personales y se manifiestan en los casos de violencia, como señala la investigación. Por ejemplo, se destaca la dificultad de acceder a las mujeres que viajaron en patera, muy invisibilizadas; a las chinas, por su idioma; o a las mujeres en situación de trata y en la prostitución, cuyo número aumentó durante la pandemia debido a la falta de trabajo.
