- UNAF pide la paralización inmediata de los desahucios y reclama la dación en pago para evitar el sobreendeudamiento de las familias en favor del derecho fundamental a una vivienda digna
- Solo el año pasado la pérdida de la vivienda afectó a cerca de 60.000 familias en nuestro país, un 22% más que en 2010, según datos del Consejo General del Poder Judicial
La crisis económica en España ha dado lugar a numerosos desahucios en nuestro país, una media de 512 por día en 2012, cifra que se prevé que crezca en un 30% en 2013, según el Banco de España. Este hecho ha dejado a cientos de miles de familias en la calle, con una carga económica a sus espaldas que les resulta imposible asumir y que les lleva a un profundo empobrecimiento.
La Unión de Asociaciones Familiares (UNAF) muestra su total apoyo a la declaración del Tribunal de Justicia europeo que considera que la regulación de desahucios judiciales por impago de la hipoteca en España vulnera el derecho europeo sobre protección de los consumidores, porque impide al afectado defenderse frente a las cláusulas contractuales abusivas que le han sido impuestas por la banca al firmar su hipoteca. Esta ley provoca indefensión en los afectados y es contraria a las normativas comunitarias.
Julia Pérez, Presidenta de UNAF, manifiesta de forma rotunda su desacuerdo con la normativa española de desahucios y reclama el “derecho a una vivienda digna” para todas las familias: “La pérdida de la vivienda ha afectado principalmente a las familias en las que sus miembros han perdido el trabajo a causa de la crisis y ya no pueden hacer frente a la hipoteca”.
Preocupada por esta grave situación, UNAF ha promovido, junto a sindicatos y organizaciones sociales, una Iniciativa Legislativa Popular por la Dación en Pago, la paralización de los desahucios y el alquiler social, como medida para resolver el sobreendeudamiento por crédito hipotecario que afecta a numerosas familias en nuestro país. Constituida en Oficina de Coordinación Territorial para la recogida de firmas, UNAF ha contribuido a la presentación de casi un millón y medio de firmas en el Congreso de los Diputados, obligando así a que esta iniciativa entre en el debate parlamentario.
