28 septiembre, Día Internacional de los Derechos Sexuales y Reproductivos
- El Sistema Nacional de Salud pública solo financia algunos métodos y deja fuera de la cobertura gratuita otros muchos, que tienen un coste elevado.
- Una mayor inversión en métodos anticonceptivos mejora la prevención no solo de embarazos no planificados sino de infecciones de transmisión genital.
- Falta un mayor desarrollo y aplicación de la Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos, un marco necesario para avanzar en salud y bienestar.
Con motivo del Día Internacional de los Derechos Sexuales y Reproductivos, que se celebra mañana 28 de septiembre, la Unión de Asociaciones Familiares (UNAF) denuncia la dificultad que existe actualmente para acceder a la atención en anticoncepción y a los propios métodos anticonceptivos en España, a pesar de constituir un derecho fundamental reconocido por las leyes internacionales y nuestro sistema jurídico.
En concreto, la seguridad social tan solo financia la píldora – y no todas las disponibles en el mercado – y los implantes de manera parcial. Sin embargo, numerosos anticonceptivos como el DIU, el anillo vaginal, el parche anticonceptivo, el diafragma o la anticoncepción de emergencia, entre otros, quedan fuera de la cobertura pública y gratuita. Como consecuencia, buena parte de la población no puede acceder a ellos por su elevado coste económico.
Según explica Ascensión Iglesias, presidenta de UNAF, “estos problemas de acceso a los métodos anticonceptivos están afectando a la salud y al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, especialmente de las mujeres, a las que se suele presionar para no usarlos o responsabilizar en solitario de la anticoncepción“.
UNAF lo comprueba cada día en sus talleres de salud sexual con mujeres migrantes, uno de los grupos más vulnerables y más perjudicados junto a las mujeres jóvenes en general, por la falta de información, la dificultad en el acceso a métodos anticonceptivos y por la persistencia de mitos y falsas creencias sobre su uso.
«El Sistema Nacional de Salud debe garantizar el acceso a métodos anticonceptivos en igualdad de condiciones favoreciendo espacios accesibles, acortando las listas de espera, conociendo y abordando las diferencias de género, las variables culturales y las diferentes necesidades que influyen en la eficacia de la anticoncepción», explica Iglesias.
UNAF recuerda que la anticoncepción es un derecho fundamental, reconocido tanto por la legislación internacional como nacional. «Pero falta un mayor desarrollo de la Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos para que sea aplicada de manera efectiva y garantizando el principio de igualdad para todas las personas, independientemente del territorio en el que vivan».
A esto se suma una mejor gestión en salud pública, tal como señala Iglesias: «Una mayor inversión en métodos anticonceptivos supondría mejorar la prevención no solo de embarazos no planificados sino de infecciones de transmisión genital».
Por último, UNAF considera necesaria la formación y sensibilización del personal sanitario con enfoque de derechos, de género e intercultural, que les permita atender adecuadamente las necesidades de la población en materia de salud sexual y reproductiva. De ahí que la entidad ofrezca cursos para profesionales destinados a ampliar su conocimiento sobre las claves culturales y necesidades de información de la población migrante – uno de los colectivos más vulnerables – con el apoyo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
