Con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, la Unión de Asociaciones Familiares (UNAF) ha reivindicado una educación sexual integral como herramienta clave para avanzar en igualdad y acabar con todas las formas de violencia de género. Esta educación sexual debe realizarse a largo de toda la vida y contar con un enfoque interseccional, lo que supone tener en cuenta las múltiples discriminaciones que se suman a las sufridas por el hecho de ser mujeres.
Según el informe “Sexualidad de las mujeres jóvenes en el contexto español. Percepciones subjetivas e impacto de la formación” del Instituto de las Mujeres, el 34,8% de las jóvenes nunca ha recibido ningún tipo de educación sexual, el 57,7% afirma haber tenido sexo con otra persona sin apetito o deseo sexual. Además, las violencias sexuales ocupan un lugar dominante en las preocupaciones de las jóvenes ya que un 67,4% ha recibido comentarios sexistas inapropiados en espacios públicos, un 46% ha recibido imágenes o comentarios de índole sexual sin su consentimiento a través de redes sociales y un 36,2% ha sufrido tocamientos no deseados.
Además, seis de cada diez jóvenes en España consumen pornografía (72,1% en el caso de los chicos), según el estudio Juventud y pornografía en la era digital, de la Fundación FAD Juventud. Y los delitos sexuales cometidos por menores aumentaron en un 18% en 2022, según el estudio ‘Informe sobre delitos contra la libertad sexual en España’, presentado el pasado mes de diciembre por el Ministerio del Interior.
Estos datos dan cuenta de la persistencia de la desigualdad y el aumento de las violencias contra las mujeres, que tienen su origen en los estereotipos y mandatos de género, el control sobre su cuerpo y sobre su sexualidad, atentando contra sus derechos sexuales y reproductivos.
Para acabar con esta situación, UNAF considera urgente una educación sexual integral, que combata los prejuicios machistas, la desinformación y que ayude a superar los tabúes en torno a la sexualidad, a través de información basada en evidencia científica y desde un enfoque de derechos. “La educación sexual integral supone ofrecer información no solo sobre la prevención de riesgos o de infecciones de transmisión sexual, sino también sobre el placer, sobre relaciones sexuales sanas y consensuadas, sobre la libre expresión y vivencia de la orientación sexual y la identidad de género, y en definitiva, sobre el derecho a disfrutar de una sexualidad placentera y libre de coacciones y violencia”, señala Ascensión Iglesias, presidenta de UNAF.
Además, UNAF reivindica que esa educación sexual debe realizarse a lo largo de toda la vida e incluir a personas jóvenes, adultas y mayores – ya que la sexualidad es inherente al ser humano y le acompaña en todas las etapas vitales – y debe partir de un enfoque interseccional, lo que significa tener en cuenta la diversidad de las mujeres y las múltiples discriminaciones que sufren y que se suman a la del hecho de ser mujer, como el racismo, la xenofobia, el edadismo, la orientación sexual, la pobreza, la discriminación por discapacidad, etc. En este sentido, recuerda que la educación sexual debe tener un enfoque intercultural, de diversidad y contemplar la sexualidad en todas las etapas de la vida.
Bajo estas premisas, UNAF desarrolla talleres de educación sexual integral con mujeres con el apoyo de la mediación intercultural, una herramienta imprescindible para facilitar el acceso a la información y al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Unos talleres que sirven además para detectar diferentes formas de violencia contra las mujeres y apoyarlas en su proceso para salir de ellas: “La educación sexual se convierte en un camino de sanación y un espacio terapéutico para las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia porque les permite identificarla y comenzar un proceso de autoconocimiento, autocuidado y empoderamiento”, explica Ascensión Iglesias.
No obstante, UNAF demanda que la educación sexual integral debe garantizarse desde los poderes públicos, incluyéndose en el currículo educativo como materia obligatoria, impulsando la formación de docentes formados y dotando a las familias de herramientas y recursos, tanto de información como de atención sanitaria, educativa y social.
En este sentido, la entidad reclama garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo desde la sanidad pública a todas las mujeres que lo requieran, el acceso gratuito a métodos anticonceptivos “que ahora mismo no están cubiertos en su totalidad ni en todas las comunidades autónomas” y a unos servicios sociales “que no estén saturados” y que puedan apoyar a las mujeres en situaciones de vulnerabilidad. También recuerda la necesidad de implementar en su totalidad los centros de crisis 24h para atender a víctimas de violencia sexual.
