La Unión de Asociaciones Familiares (UNAF) pide al Gobierno que apoye en el Consejo de la UE la ‘Garantía Infantil Europea’, una Recomendación para romper el ciclo de la pobreza infantil y fomentar la igualdad de oportunidades, garantizando el acceso de niños, niñas y adolescentes en riesgo de pobreza o exclusión social a servicios clave para su desarrollo.
España es el tercer país con más niños, niñas y adolescentes en riesgo de pobreza, solo por detrás de Bulgaria y Rumanía, según el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil. Por ello, UNAF valora positivamente la recomendación de la Comisión Europea de una Garantía Infantil Europea para luchar contra la pobreza infantil y sus efectos a largo plazo en España y en toda Europa.
“La Garantía Infantil Europea es clave para asegurar los derechos de la infancia y lograr la igualdad plena. No podremos lograr ningún avance social, ningún desarrollo sostenible como sociedad si no acabamos primero con la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades de 18 millones de niños, niñas y adolescentes en Europa”, afirma Ascensión Iglesias, presidenta de UNAF.
En concreto, la Comisión Europea ha pedido a los Estados miembro que garanticen, a través de esta Garantía Infantil Europea, el acceso gratuito y eficaz de la infancia a servicios de educación y cuidados, a actividades escolares, a asistencia sanitaria, a una vivienda adecuada y a una alimentación sana.
UNAF considera que la Garantía Infantil Europea, enmarcada en la primera Estrategia de Derechos de la Infancia de la UE, es una gran oportunidad de replantear las políticas de apoyo familiar y desarrollar respuestas estructurales a largo plazo con un enfoque de diversidad familiar, de género e inclusión social. “La pandemia de Covid-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de apoyo a las familias y la insuficiencia de los recursos existentes. La Garantía Infantil Europea puede ser un buen impulso para reforzar los servicios, prestaciones y medidas de apoyo familiar”, señala Ascensión Iglesias.
Además, UNAF solicita al Gobierno que cuente con las entidades sociales del Tercer Sector para trabajar conjuntamente en los planes de acción nacionales que deberán desarrollarse en los seis meses posteriores a la adopción de la Garantía Infantil por el Consejo Europeo, con el año 2030 como plazo y alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
“Las entidades del Tercer Sector llevamos años luchando en primera línea contra la pobreza y trabajando por la igualdad de oportunidades, la inclusión y los derechos de la infancia y de las familias. Tenemos mucho que aportar y esperamos poder participar activamente en la puesta en marcha de esta recomendación, que debe ser prioritaria y estar en el centro de la agenda política”, sostiene Ascensión Iglesias.
Tras el desarrollo de los planes de acción, la Comisión Europea supervisaría su implementación a través de una combinación de herramientas: el nombramiento de coordinadores y coordinadoras nacionales, recomendaciones específicas de cada país, revisiones por pares, informes bienales de los 27 países de la UE y un informe de progreso cinco años después de la adopción. Su seguimiento e implementación estarán vinculados al objetivo del Pilar Europeo de Derechos Sociales 2030 de reducir al menos 15 millones el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social para 2030, incluidos 5 millones de niños y niñas.
