La Unión de Asociaciones Familiares (UNAF) participó en el VIII Congreso Internacional sobre Derechos Humanos y personas especialmente vulnerables, organizado por la Universidad de Salamanca, a través de la intervención de Ascensión Iglesias, presidenta de la entidad, en la Mesa sobre Derechos Humanos y Mujeres, celebrada el 30 de septiembre.
Bajo el título «Más allá de la vulnerabilidad: mujeres con discapacidad y derechos humanos«, Ascensión Iglesias invitó a reflexionar sobre la necesidad de superar una mirada que identifica a las mujeres con discapacidad exclusivamente desde la vulnerabilidad y la protección, para situar en el centro sus derechos, su autonomía, su capacidad de decisión y su participación en la sociedad.
Durante su intervención, defendió que la discapacidad no convierte por sí misma a una mujer en vulnerable. Son las barreras sociales, la discriminación, la falta de accesibilidad, la dependencia económica y los prejuicios, entre otros factores, los que pueden dificultar el ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones.
«La pregunta no debería ser solamente qué necesitan las mujeres con discapacidad, sino qué estamos haciendo como sociedad para garantizar que puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones», señaló, recordando que un derecho reconocido formalmente pierde su sentido cuando no existen las condiciones necesarias para ejercerlo realmente.
Salud, educación, empleo y justicia: derechos que deben poder ejercerse
Ascensión Iglesias abordó cuatro ámbitos en los que se manifiestan especialmente las desigualdades que afectan a las mujeres con discapacidad: la salud, la educación y la participación social, la violencia de género y el acceso a la justicia.
En relación con el derecho a la salud, subrayó que la accesibilidad no puede limitarse a eliminar barreras físicas. También debe garantizar una comunicación comprensible, información accesible y la posibilidad de participar en las decisiones sobre el propio cuerpo. En este sentido, recordó que acompañar no significa hablar por una mujer, cuidar no significa decidir por ella y proteger no debe suponer privarla de autonomía.
Respecto a la educación, el empleo y la participación social, puso el foco en cómo las desigualdades se acumulan y condicionan los proyectos vitales. Especialmente en el medio rural, las dificultades de transporte, la distancia a los recursos especializados y la falta de servicios accesibles pueden limitar las oportunidades de formación, empleo y participación. «La barrera no está en la mujer. La barrera está en cómo hemos organizado los recursos», afirmó.
La doble discriminación y las barreras frente a la violencia de género
Uno de los aspectos centrales de la ponencia fue la intersección entre discapacidad y violencia de género. Ascensión Iglesias recordó que las mujeres con discapacidad pueden encontrar obstáculos añadidos para identificar la violencia, pedir ayuda, denunciar y acceder a los recursos de protección.
En este contexto, hizo referencia a los datos de la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2024, cuyos resultados específicos sobre mujeres con discapacidad se publicaron en 2026. Entre ellos, destacó que el 14,8 % de las mujeres con una discapacidad acreditada igual o superior al 33 % que han tenido pareja declara haber sufrido violencia física por parte de alguna pareja a lo largo de su vida, frente al 9,7 % de las mujeres sin discapacidad. En cuanto a la violencia sexual ejercida por la pareja, los porcentajes son del 11,3 % y el 8,2 %, respectivamente.
En este sentido, incidió también en la importancia del acceso efectivo a la justicia, que no debe limitarse a la posibilidad formal de presentar una denuncia. Implica comprender los procedimientos, disponer de información accesible, contar con los apoyos y ajustes necesarios y poder expresar el propio relato sin que la discapacidad se utilice para cuestionar la capacidad o la credibilidad de la mujer.
Además, recordó que la relación entre discapacidad y violencia puede darse en ambas direcciones: la violencia puede generar discapacidad como consecuencia de lesiones físicas o psicológicas. Por ello, reclamó respuestas coordinadas que integren la perspectiva de género en los sistemas de atención a la discapacidad y la perspectiva de discapacidad en los recursos de atención a la violencia contra las mujeres.
Transformar los sistemas y escuchar a las propias mujeres
En la parte final de su intervención, Ascensión Iglesias puso de relieve la responsabilidad compartida de las entidades sociales y las instituciones para avanzar hacia una atención verdaderamente inclusiva.
Entre las prioridades señaló la formación específica de profesionales de los ámbitos sanitario, educativo, social, policial y judicial; la accesibilidad universal, también cognitiva, comunicativa y procedimental; una coordinación efectiva entre servicios; y la participación de las propias mujeres con discapacidad en el diseño de las políticas y actuaciones que les afectan.
Asimismo, recordó que las entidades sociales pueden acompañar, informar, orientar, apoyar y reivindicar derechos, pero no deben sustituir a unos sistemas públicos que tienen la responsabilidad de eliminar las barreras existentes.
«No podemos diseñar políticas para ellas sin contar con ellas», defendió, insistiendo en que es necesario avanzar desde un enfoque centrado exclusivamente en la protección hacia otro que reconozca la autonomía, la participación y el poder de decisión de las mujeres con discapacidad.
De la vulnerabilidad a los derechos
Ascensión Iglesias cerró su ponencia con un llamamiento a cambiar la mirada social e institucional: pasar de la vulnerabilidad a los derechos; de la protección a la autonomía; de la dependencia a la capacidad de decisión; y de exigir a las mujeres que se adapten al sistema a transformar el sistema para que responda a la diversidad de las mujeres.
La intervención concluyó con una reflexión: el verdadero compromiso con los derechos humanos no consiste en proteger a las mujeres con discapacidad porque se las considera vulnerables, sino en garantizar que puedan decidir, participar, ser escuchadas, acceder a la justicia y vivir libres de violencia en igualdad de condiciones.
